El lunes 28 de abril, un apagón masivo azotó España y Portugal, afectando a millones de personas en la península ibérica. A las 12:32 horas, una pérdida del 60% en la generación eléctrica, equivalente a 15 GW, provocó un colapso total, dejando un saldo trágico de víctimas y cuantiosos daños materiales que aún están bajo evaluación.
Expertos estiman que las pérdidas económicas podrían alcanzar los 1.400 millones de euros, impactando un 0,1% en el Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la cifra exacta dependerá de una exhaustiva investigación, ya que la red eléctrica española cubre aproximadamente 70.000 puntos críticos, lo que complica determinar las causas exactas del fallo.
Declaraciones de Red Eléctrica señalan una posible desconexión masiva de fuentes de energía renovables en el suroeste del país como motivo del apagón, descartando un ciberataque. El presidente Pedro Sánchez ha exigido una investigación detallada para explorar todas las posibilidades, subrayando la urgencia de priorizar la seguridad energética tras este incidente.
A pesar de los temores sobre la estabilidad del sistema eléctrico, dada la creciente inclusión de renovables y el cierre de centrales convencionales, análisis revelan que, durante el apagón, aún había un respaldo significativo de fuentes no renovables. No obstante, las oscilaciones de frecuencia llevaron a la desconexión de generadores, incluidos fotovoltaicos y nucleares, exacerbando la situación y desencadenando un efecto dominó.
En contextos como este, la estabilidad del suministro depende de la operación a una frecuencia específica. Las tecnologías tradicionales amortiguan variaciones, mientras que las energías renovables, sin grandes masas rotacionales, no contribuyen a la inercia del sistema, planteando preguntas sobre su integración masiva en la red.
Para mejorar la resiliencia eléctrica, expertos sugieren incrementar interconexiones internacionales, potenciar el almacenamiento de energía y permitir que las fuentes renovables mejoren el control de la tensión. Enfatizan que, lejos de frenar la transición energética, es indispensable invertir en tecnología que estabilice la red, considerando la seguridad energética como un pilar esencial para la estabilidad de España y la Unión Europea.
