Los sindicatos catalanes de taxistas han logrado un acuerdo con Salvador Illa que limita la competencia de los VTC, como Uber y Cabify, a cambio de exigir a los conductores un nivel B1 de catalán. A su vez, Junts ha acordado con Pedro Sánchez que empresas con más de 250 empleados deben tener atención al cliente en catalán, asegurando así los derechos lingüísticos de los catalanoparlantes. El texto critica estas medidas como una imposición del separatismo, sugiriendo que podrían extenderse a toda España. Señala que esta obsesión lingüística no busca preservar la cultura, sino ejercer control y restringir libertades.
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