La reciente rueda de prensa del Consejo de Ministros en España dejó al descubierto tensiones significativas entre los socios de la coalición gubernamental, Sumar y el PSOE, tras el anuncio de Hacienda de que por primera vez los trabajadores que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) tributarán el IRPF. Yolanda Díaz, de Sumar, expresó su desacuerdo, resaltando que la medida favorece a grandes corporaciones mientras grava a los más vulnerables. Por su parte, Pilar Alegría, ministra y portavoz del Gobierno, defendió la decisión, generando un inusual debate público. La situación ha llevado a movimientos legislativos por parte de Sumar, Podemos, y otras fuerzas políticas para revertir la decisión, argumentando que contraviene la justicia social y los intereses de los trabajadores peor remunerados. La controversia también se extiende a nivel autonómico, con rechazo de nacionalistas como ERC y BNG, mientras que en el País Vasco se aboga por mantener el SMI libre de impuestos. Esta discordia ha puesto de manifiesto las tensiones de comunicación y estrategia dentro del Ejecutivo, en un tema sensible que afecta a millones de ciudadanos.
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