La regulación del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación es fundamental en el contexto actual, donde el aprendizaje puede darse en múltiples escenarios. Estas instrucciones buscan establecer un marco claro y accesible para aquellas personas que, aunque no hayan obtenido una certificación formal, poseen habilidades y conocimientos valiosos que pueden contribuir al desarrollo profesional y al mercado laboral.
El objetivo principal de este procedimiento es reconocer y valorar las competencias que los individuos han desarrollado a lo largo de su carrera, ya sea en el ámbito laboral, mediante cursos no oficiales o en proyectos personales. Este reconocimiento se traduce en la posibilidad de acceder a certificaciones que avalen oficialmente estas habilidades, mejorando así la empleabilidad y promoviendo una mayor inclusión en el ámbito laboral.
Las instrucciones que regulan este procedimiento establecen una serie de pasos a seguir para la evaluación de competencias. En primer lugar, los interesados deben presentar una solicitud de evaluación, acompañada de documentación que refleje su trayectoria profesional y la formación no formal recibida. A continuación, se realizará un proceso de validación, que puede incluir entrevistas, evaluaciones prácticas y la revisión de portfolios que demuestren las competencias adquiridas.
Es importante destacar que la evaluación no se limita a la mera acreditación de conocimientos teóricos, sino que también considera habilidades prácticas y actitudinales. Esto permite una evaluación más integral de la persona y garantiza que el reconocimiento de competencias sea justo y representativo de la realidad laboral del individuo.
Además, estas instrucciones promueven la transparencia y rigurosidad en el proceso, asegurando que todos los evaluadores estén capacitados y que las decisiones se tomen de manera objetiva. Asimismo, se establece un sistema de apelación para aquellos que consideren que la evaluación no ha sido justa, lo que añade un nivel de confianza al procedimiento.
Por último, el fortalecimiento de este marco regulatorio no solo beneficia a los individuos que buscan validar su experiencia y competencias, sino que también aporta al desarrollo de una fuerza laboral más flexible y capacitada, capaz de adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. A medida que se avanza hacia un modelo más inclusivo de educación y formación, el reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral se alza como un pilar esencial para construir un futuro laboral más equitativo y accesible para todos.
Fuente: ANPE Andalucía.
