Trece trabajadores de la empresa R&R, que prestaban servicios a la minera Poderosa en Pataz, región de La Libertad, fueron hallados muertos, desnudos y maniatados, tras ser secuestrados el 25 de abril. La ejecución de los trabajadores por presuntos sicarios y mineros ilegales fue confirmada después de que el gobierno de Dina Boluarte y las fuerzas de seguridad dudaran de la veracidad del secuestro. A pesar del estado de emergencia en Pataz debido a la actividad de mafias y mineros ilegales, las autoridades y la Policía no habían actuado con eficacia. La minera Poderosa afirmó que sus trabajadores eran empleados de un “minero artesanal” subcontratado por la empresa. Los familiares exigieron acción inmediata, pero el rescate nunca llegó. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos criticó la falta de respuesta gubernamental y de seguridad laboral, mientras que el periodista Paul Acevedo Gutiérrez subrayó la necesidad de voluntad política y acción estatal efectiva en la región, donde el crimen organizado parece dominar.
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