El Ministerio de Hacienda de España, bajo la dirección de María Jesús Montero, intensifica su control sobre las transacciones financieras de los ciudadanos para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Desde el 1 de enero, movimientos superiores a 3,000 euros en las cuentas bancarias deben ser notificados a la Agencia Tributaria, pudiendo desencadenar investigaciones si superan los 6,000 o 10,000 euros. En caso de transacciones con billetes de 500 euros o transferencias superiores a 10,000 euros, las entidades bancarias están obligadas a comunicarlo a Hacienda. Todo dinero en curso legal debe ser justificado, y los ciudadanos no enfrentarán sanciones si demuestran el origen o destino del mismo. Esta medida busca un mayor control antes de 2025, afectando especialmente a los trabajadores autónomos, cuyos ingresos y gastos son vigilados mensualmente.
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