El Festival de Eurovisión aún enfrenta controversias tras la acusación de compra masiva de votos para favorecer a Israel, lo que ha motivado a RTVE a demandar una auditoría profunda del televoto. Estas sospechas se suscitaron luego de que el público español otorgara por segunda vez la máxima puntuación a Israel, lo que aumenta las dudas sobre la manipulación política del certamen. Aunque en España las productoras deben publicar las bases legales de los concursos, no están obligadas a certificar votaciones con observadores independientes. Los notarios, aunque tradicionalmente asociados a la credibilidad en estos eventos, no pueden asegurar la justicia del proceso, solo dar fe de momentos específicos. No obstante, es frecuente que se contrate a auditores externos para garantizar integridad. Las quejas sobre votaciones fraudulentas, manipulación de votos y alteraciones digitales son habituales, y aunque es posible reclamar ante organismos reguladores, el proceso es complejo.
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