El cerco fiscal aprobado por el Congreso en diciembre enfrenta un obstáculo significativo ya que su implementación depende de dos órdenes ministeriales que aún no han sido emitidas por el departamento liderado por Montero. Sin estas directrices, las medidas no pueden entrar en vigor, lo que pone en cuestión la efectividad y el calendario de las reformas fiscales planteadas. La falta de estas órdenes genera incertidumbre en el cumplimiento del nuevo marco legal aprobado por los legisladores.
Leer noticia completa en El Mundo.
