Un tribunal ha suspendido el litigio sobre el impacto ambiental del centro de detención Alligator Alcatraz en los Everglades, tras el argumento del Departamento de Justicia de que el cierre del Gobierno federal impide su participación en el caso. La disputa involucra a grupos medioambientalistas que alegan violaciones a las leyes de protección al ecosistema frágil, al señalar la contaminación y los daños al hábitat de especies en peligro. Aunque una jueza había ordenado desmantelar el centro, la apelación gubernamental ha retardado esa acción. Los críticos acusan al Gobierno de esquivar su responsabilidad mientras el centro sigue operando. El cierre del Gobierno, iniciado por la falta de consenso presupuestario, ha complicado el caso. Mientras tanto, manifestaciones y vigilias continúan exigiendo el cierre de la instalación.
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