La segunda presidencia de Donald Trump se caracteriza por una fuerte tensión entre el poder ejecutivo y judicial. Un tribunal de apelaciones revocó una orden que obligaba al Departamento de Estado a continuar con pagos de ayuda exterior, respaldando la pausa de 90 días impuesta por Trump en su segundo mandato. A pesar de los intentos de dos ONG para desafiar la congelación de fondos, los jueces de apelación dictaminaron que carecían de base legal, lo que permitió a la administración de Trump ignorar estas demandas. Este fallo ha generado preocupaciones sobre la erosión del sistema de frenos y contrapesos, con críticas por el incremento del poder ejecutivo a expensas del Congreso. La fiscal general, Pam Bondi, acogió la decisión favorable a la presidencia, destacando su compromiso en defender atribuciones ejecutivas frente a lo que calificó como extralimitaciones judiciales.
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