El Gobierno se enfrenta al desembolso de 200 millones de euros destinados a pagar indemnizaciones e intereses a diversos fondos de inversión, tras una disputa legal cuya resolución ha resultado desfavorable para el Estado. Este pago supone un golpe significativo para las arcas públicas, evidenciando las implicaciones financieras de la supervisión y gestión de litigios con entidades inversoras. La decisión ha generado críticas sobre la gestión previa del conflicto y sus repercusiones económicas a largo plazo.
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