En un fallo histórico, un tribunal de distrito federal ha establecido que las búsquedas indirectas en bases de datos que contienen comunicaciones privadas de ciudadanos estadounidenses, obtenidas bajo la Sección 702, requieren de una autorización judicial. Esta decisión emerge tras un dilatado conflicto legal de más de una década, relacionado con el emblemático caso United States v. Hasbajrami. El Segundo Circuito había fallado previamente que estas búsquedas se consideran "eventos separados bajo la Cuarta Enmienda", subrayando la necesidad de revisar los protocolos de aplicación de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA).
El Congreso ha reautorizado la Sección 702 en varias ocasiones, ignorando las señales de que el FBI y otras agencias de inteligencia han explotado la normativa para acceder a comunicaciones y datos sin cumplir con los requisitos judiciales pertinentes. A pesar de las reiteradas desestimaciones por parte del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISC) respecto a las alegaciones de que estas prácticas vulneran la Cuarta Enmienda, este nuevo fallo se erige como una advertencia sobre las potenciales infracciones de derechos civiles derivadas del tratamiento laxo de datos comunicativos.
El uso de la Sección 702 por parte del gobierno se describe prácticamente como la aplicación de una regla de "quien encuentra, se lo queda". La normativa permite la recopilación masiva de datos internacionales con la justificación de garantizar la "seguridad nacional". Sin embargo, cuando las comunicaciones involucran a estadounidenses, esos datos también son almacenados y revisados sin una orden judicial. Este procedimiento ha sido defendido como constitucional por más de una década, pero ahora recibe una reprimenda judicial por considerarse una violación de derechos.
El caso que ha provocado este fallo, Hasbajrami, involucra a un residente estadounidense arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York en 2011. Hasbajrami fue acusado de apoyar actividades terroristas, basándose, al parecer, en correos electrónicos obtenidos sin una orden judicial, en un proceso que ahora se declara inconstitucional. El tribunal determinó que el gobierno no puede, en términos generales, ampararse en una "excepción de inteligencia extranjera" para obviar la cláusula de orden judicial de la Cuarta Enmienda.
La resolución busca incentivar al Congreso a no renovar la Sección 702 sin considerar reformas cruciales que garanticen mayor transparencia y la necesidad de órdenes judiciales para buscar datos de ciudadanos estadounidenses. Con la Sección 702 programada para expirar el 15 de abril de 2026, se insta a los legisladores a escuchar el mensaje del tribunal y actuar en consecuencia, abogando por modificaciones que refuercen la protección de las libertades individuales. Además, se propone una revisión de las normas del FISC para asegurar que el FBI necesite una orden antes de realizar búsquedas indirectas en los datos de la Sección 702.
