El gobierno ha anunciado planes para implementar un decreto dirigido a acelerar el proceso de deportación de inmigrantes en situación irregular. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para abordar los desafíos migratorios y fortalecer la seguridad en las fronteras. La propuesta ha generado un intenso debate entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el posible desarraigo de familias y dificultades legales, y quienes apoyan la medida, abogando por una mayor regulación y control de la inmigración. Las autoridades insisten en que el decreto cumplirá con los estándares internacionales de derechos humanos mientras se ejecuta de manera efectiva para solucionar un problema creciente.
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