Cuatro años después de la propuesta inicial del Pacte per la Llengua, se cuestiona su efectividad y necesidad, ya que la obsoleta Ley de política lingüística de 1998 no atendía a fenómenos actuales como la globalización o las redes sociales, y cualquier nueva ley se enfrentaría al Tribunal Constitucional. El pacto, que solo cuenta con el apoyo de los partidos gubernamentales, está lejos de ser inclusivo y carece de impacto significativo, pese a sus objetivos ambiciosos, como aumentar en 600,000 los hablantes de catalán. Se destinan 256 millones de euros para el 2025 a través del Consorci per a la Normalització Lingüística, aunque la sostenibilidad de estos fondos es incierta. Además, algunos propósitos, como reforzar el catalán en la administración de justicia, parecen más ilusorios que realistas.
Leer noticia completa en El Pais.