En un esfuerzo por proteger la libre expresión frente a las demandas estratégicas diseñadas para silenciar a los críticos, los representantes Jamie Raskin y Kevin Kiley han introducido la Ley de Protección a la Libertad de Expresión. Esta propuesta de ley bipartidista busca establecer una robusta defensa federal contra las llamadas Demandas Estratégicas Contra la Participación Pública o SLAPPs, y podría representar un cambio significativo en el panorama legal de Estados Unidos.
Las SLAPPs son utilizadas por entidades con recursos para intimidar y silenciar a periodistas, activistas y ciudadanos, quienes a menudo son acosados con demandas que no buscan ganar en un sentido jurídico, sino presionar y desgastar a los demandados. Pese a que 34 estados de EE.UU. han implementado leyes anti-SLAPP, estas resultan inadecuadas a nivel federal, permitiendo a los demandantes elegir jurisdicciones con legislaciones débiles o inexistentes para reforzar su posición.
El caso de Uniontown, Alabama, donde una empresa demandó a activistas locales por 30 millones de dólares tras ser criticada por depositar cenizas tóxicas, ilustra el uso de las SLAPPs como armas de intimidación. También destacan las acciones legales de Shiva Ayyadurai y el congresista Devin Nunes, que subrayan la vulnerabilidad existente ante estas tácticas legales.
La nueva legislación presenta una estrategia innovadora: permitir a los demandados presentar rápidamente una moción para desestimar las acusaciones. Esta moción requerirá respuesta en un plazo de 90 días. De ser concedida, no solo podrían desestimarse las demandas sin mérito, sino que, en muchos casos, los demandados podrían ser indemnizados por los costos legales.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), defensora por décadas de los derechos de expresión en el ámbito digital, apoya firmemente esta legislación. La organización considera que una ley federal anti-SLAPP fortalecería el entorno en línea, otorgando a la ciudadanía la libertad de expresar y organizarse contra entidades poderosas sin temor al acoso judicial.
La urgencia por una legislación de este tipo es clara: garantizar que la voz de individuos y colectivos no sea sofocada por aquellos con más poder y recursos económicos. La aprobación de esta ley podría marcar un paso decisivo hacia un sistema legal más equilibrado y justo en la protección de los derechos fundamentales de libre expresión y participación pública.
