La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ingrese en prisión provisional sin fianza. La razón de esta solicitud radica en el riesgo de fuga y la posible destrucción de pruebas, una preocupación compartida por las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular. Estas acusaciones subrayan la gravedad de los hechos y el papel central que Cerdán desempeña en una presunta trama de comisiones ilegales relacionadas con adjudicaciones públicas.
En el contexto de este escándalo, es notable la figura de María Jesús Montero, quien ha mantenido una relación de cercanía con Cerdán. Definiendo su vínculo como de “complicidad y amistad”, Montero ha afirmado que “ponía la mano en el fuego” por él. Sin embargo, a medida que Cerdán es señalado como un actor clave en una red de corrupción, Montero opta por el silencio. Este cambio de postura genera dudas sobre su conocimiento y su implicación en un entorno político que comparten.
Las investigaciones, particularmente el informe de la UCO de la Guardia Civil, han revelado cómo operaba la red desde 2015, con un foco en Navarra. Cerdán y Koldo García fueron instrumental en la creación de una estructura que gestionó adjudicaciones amañadas, extendiéndose incluso al Ministerio de Transportes durante la gestión de José Luis Ábalos. Santos Cerdán aparece como el coordinador de adjudicaciones a constructoras, con mordidas que alcanzan cifras exorbitantes.
Además, se ha descubierto un contrato en el que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar, una empresa que recibió una considerable cantidad en adjudicaciones del Gobierno navarro. Aunque la defensa intentó argumentar en contra de la validez del documento, el Consejo General del Notariado confirmó su legalidad.
La cercanía de Montero con Cerdán plantea interrogantes sobre su criterio y su capacidad para actuar con transparencia dentro del Gobierno. Su silencio ante los escándalos que afectan a su entorno más próximo alimenta una percepción de impunidad que no se puede pasar por alto. El caso de Cerdán no es un incidente aislado; representa una serie de crisis dentro del entorno del PSOE donde la amistad y las conexiones internas han prevalecido sobre el interés público.
María Jesús Montero se encuentra en una posición delicada. Su respaldo a Santos Cerdán y su rol en el Gobierno la colocan bajo un intenso escrutinio. La exigencia de la opinión pública es clara: Montero debe aclarar si aún confía en quien está bajo investigación por presuntos delitos graves. Su continuado silencio no solo afecta su propia credibilidad, sino que también compromete a la Administración a la que representa.
A medida que el PSOE permanece en silencio, Montero parece seguir quemándose las manos en una situación que requiere acción y claridad. La presión para que se pronuncie se incrementa, y su reticencia podría tener repercusiones significativas dentro de su partido y más allá.
Fuente: Partido Popular Andalucía
