La reciente implementación de una normativa en España sobre la venta de préstamos impagados ha desatado un acalorado debate en torno a la protección de los consumidores endeudados. La intención original de esta ley era ofrecer apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles negociar planes de reembolso con las entidades bancarias. No obstante, las modificaciones recientes han levantado preocupaciones al reconsiderar la definición de «vulnerabilidad», lo que podría limitar el acceso a estas medidas de apoyo.
El principal temor radica en que un gran número de consumidores españoles con deudas quede fuera de estas protecciones, especialmente cuando sus préstamos al consumo son adquiridos por agencias de cobro. La redefinición del concepto de «vulnerabilidad» podría, por tanto, resultar en un criterio más restrictivo y excluyente, dejándolos sin el amparo necesario en situaciones económicas precarias.
María Petrache, experta en la firma Unifye SL, ha recordado un precedente en el Reino Unido en 2005, donde la controversia giró en torno a cómo las entidades financieras intentaban limitar las ayudas reinterpretando de manera más estricta la definición de cliente vulnerable. Este contexto plantea inquietudes sobre si España podría enfrentar una situación análoga.
Actualmente, una persona se considera deudora vulnerable en España si recibe el Ingreso Mínimo Vital de 604,21 euros al mes, sin considerar otros factores determinantes para su capacidad de pago. Esta cifra se muestra insuficiente para cubrir necesidades básicas como alojamiento, alimentación, servicios esenciales y salud, una situación agravada en urbes como Madrid y Barcelona. Esto aumenta la incertidumbre y angustia de muchas familias endeudadas.
Para abordar estas preocupaciones, se ha propuesto una redefinición más comprensiva de la vulnerabilidad. Se sugiere que se valoren elementos como los ingresos totales, las cargas familiares, los dependientes económicos, así como los gastos esenciales en sanidad y educación. Así, la vulnerabilidad debería medirse considerando la capacidad real y las circunstancias particulares de cada individuo.
La normativa actualmente en discusión ofrece a los consumidores vulnerables la posibilidad de un Plan de Pago, alineando el reembolso financiero con sus reales posibilidades económicas. Esta herramienta es vista como crucial y muy demandada por los deudores que se encuentran en situaciones difíciles.
La sociedad observa con anticipación la presentación del texto definitivo de la normativa, con la esperanza de que efectivamente brinde la protección que necesitan quienes se encuentran en situaciones más desventajosas, cumpliendo con los objetivos de asistencia y justicia social propuestos inicialmente por el legislador.
