El Tribunal Supremo ha imputado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y a Pilar Rodríguez, fiscal jefe de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos. La investigación surge en el marco de denuncias sobre el manejo indebido de información confidencial en casos de alta relevancia. Esta imputación representa un nuevo capítulo en las crecientes tensiones dentro del sistema judicial español, marcando un hito significativo en la atención pública sobre la ética y la legalidad en las operaciones internas del Ministerio Fiscal.
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