El accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que resultó en 46 muertes, ha generado controversia debido al manejo de pruebas por parte de Adif, el gestor de la infraestructura. La jueza Cristina Pastor ha ordenado a Adif que se abstenga de realizar cualquier operación sobre el material del accidente sin autorización judicial, tras una petición previa de Adif para usar maquinaria pesada y reparar la infraestructura. La jueza sustituta María Jesús Salamanca permitió el acceso de Adif a la zona, siempre que se detallaran las pruebas recogidas y se informara al juzgado, asegurándose de no obstaculizar la investigación, ya que la Guardia Civil había completado su recopilación de evidencias. La jueza también estableció que Adif debe permitir a la Guardia Civil tomar muestras de grava para su análisis antes de realizar reparaciones.
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