La Junta de Andalucía ha realizado una inversión significativa en el sistema público de dependencia para el año 2024, destinando más de 1.200 millones de euros, lo que la posiciona como líder entre las comunidades autónomas en cuanto a la financiación de este servicio. Desde la llegada del Gobierno de Juanma Moreno en 2019, se ha observado un compromiso creciente con este sistema de apoyo. A nivel nacional, solo Cataluña supera esta cifra en términos de recursos dedicados.
En un contexto donde la contribución autonómica supera considerablemente a la estatal, la Junta ha aportado desde 2019 un total de 4.000 millones de euros más que el Gobierno de España para mantener este sistema. Este año, mientras la Junta de Andalucía ha contribuido con más de 1.200 millones, el Gobierno central ha destinado 729 millones, lo que representa una diferencia de aproximadamente 500 millones de euros a favor de la administración andaluza.
Desde 2019 hasta la fecha, siete de cada diez euros para el sistema público de dependencia en Andalucía provienen de la Junta. Esta aportación ha crecido desde los 1.095 millones de euros en 2019 a más de 1.233 millones en el presente año.
Frente a esta situación, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha reiterado su petición al Gobierno de España para que cumpla con la Ley de Dependencia, que estipula que ambas administraciones deben financiar el sistema de manera equitativa. Sin embargo, históricamente, esta paridad no se ha cumplido en Andalucía, que sufre de una infrafinanciación sistemática. Esto afecta directamente a los servicios que ofrece el sistema de dependencia más grande del país, que atiende a más de 287.500 beneficiarios y proporciona cerca de 425.000 prestaciones.
La secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García, ha exigido al Gobierno central que garantice un trato justo para las personas en situación de dependencia en Andalucía, similar al que reciben los dependientes del País Vasco y Cataluña. García ha señalado que la situación se ha agravado debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, lo que ha resultado en un recorte de 200 millones de euros para Andalucía.
Para contrarrestar estos desafíos, la Junta ha iniciado un cambio necesario y estructural del sistema, con el objetivo de acortar plazos y mejorar en eficacia. Según García, «no se puede cambiar en seis meses lo que lleva 18 años sin funcionar». Como parte de estas reformas, se están actualizando las herramientas informáticas para integrar cinco aplicaciones diferentes en una sola, buscando agilizar el sistema.
Además, se ha implementado un nuevo procedimiento que, en una sola visita, permite recoger toda la información necesaria para el informe de valoración, reduciendo las molestias para el usuario y acortando los tiempos de espera. «El giro es de 180 grados, pero estamos convencidos de que estos cambios son imprescindibles para conseguir una nueva dependencia en Andalucía que dé respuesta a la ciudadanía», concluyó García.
Fuente: Junta de Andalucía.
