Andalucía celebra el éxito del sistema de Justicia Juvenil tras 25 años de su implementación. José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, ha subrayado el notable logro del sistema gestionado por la Junta, logrando un índice de reeducación del 80% desde la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en el año 2000. En la última década, más de 41,000 menores han cumplido medidas de internamiento o medio abierto en Andalucía, logrando un alto grado de reinserción social.
En unas jornadas inauguradas por José Antonio Nieto, junto a Lorenzo del Río, presidente del TSJA, y Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo Andaluz, se discutió la evolución del sistema y los desafíos futuros que enfrenta, como los cambios en los perfiles de los jóvenes y los nuevos delitos relacionados con las tecnologías y redes sociales.
La implementación de la ley en 2000 trasladó a las comunidades la responsabilidad de ejecutar medidas judiciales para menores, desplazándose de un modelo punitivo a uno orientado hacia la reinserción. Se reformaron antiguos reformatorios en Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) con instalaciones humanizadas que apoyan programas de reeducación.
Desde 2014, más de 7,300 menores han pasado por los CIMI en diferentes regímenes. Aunque muchos cumplen medidas de internamiento, las medidas de medio abierto son más comunes, abarcando desde libertad vigilada hasta trabajos en beneficio de la comunidad. Casi 34,000 menores han cumplido estas medidas en la última década, con la Junta de Andalucía coordinando recursos como Grupos Educativos de Convivencia y Servicios Integrales de Medio Abierto.
Nieto destacó el sistema andaluz como referente al nivel nacional y europeo, asegurando que los menores no reinciden en un 80% de los casos. Además, anunció la creación del Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil, el primero en España, para investigar y analizar datos en busca de una mejor intervención adaptada a las realidades actuales.
Lorenzo del Río calificó positivamente la reforma de la Ley del Menor por su eficiencia y enfoque restaurativo, y Jesús Maeztu defendió la reeducación frente a medidas represivas, insistiendo en considerar el interés superior del menor y afrontando el problema de la delincuencia desde la educación y la represión, sin desvincularse del fin educativo y de reinserción social. Maeztu subrayó que la solución no puede ser solo legislativa, sino que debe abordar factores sociales subyacentes para una comprensión real y efectiva del fenómeno.
Fuente: Junta de Andalucía.
