La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, junto con otras comunidades autónomas, ha reclamado un incremento en la aportación del Gobierno de España para la financiación de los servicios de dependencia, en línea con lo establecido por la Ley de Dependencia. Este pedido ha surgido en el contexto de la reunión de la Comisión Delegada del Sistema de Dependencia, donde los representantes del Ministerio de Derechos Sociales explicaron que las dos prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) han impedido aumentar la contribución del Gobierno central al financiamiento de estos servicios.
Ana Vanessa García, secretaria general de Inclusión Social, ha destacado que la prolongación de los PGE ha resultado en un déficit de 400 millones de euros para el sistema de dependencia en Andalucía. García ha enfatizado la necesidad de que el Ejecutivo cumpla con su parte para sostener el sistema.
El nivel mínimo de protección que aporta el Gobierno a las comunidades autónomas se basa en el número de usuarios atendidos y su grado de dependencia, independientemente de los servicios proporcionados por los gobiernos autonómicos. Esto ha generado un desbalance financiero en las arcas autonómicas, ya que los costes de los servicios incrementan anualmente.
En el caso de Andalucía, por ejemplo, el coste medio para una plaza en residencia para una persona mayor con dependencia grado II es de 1,749 euros. De esta cantidad, el Estado contribuye con tan solo 130 euros (7%), mientras que la Junta de Andalucía cubre los 1,619 euros restantes (93%). Para una plaza destinada a personas con discapacidad grado II, el coste es de 2,997 euros, con el Estado aportando 130 euros (4%) y la Junta financiando el 96%.
El Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con grado III tiene un coste de 1,004 euros, con una participación estatal de 290 euros (29%) y una contribución de 714 euros (71%) por parte de la Junta. En casos donde los usuarios reciben más de una prestación, que en Andalucía suman casi 150,000 personas, el Gobierno de España solo participa en el coste de una de ellas, obligando a la comunidad autónoma a cubrir el 100% del coste del segundo servicio.
Ana Vanessa García ha subrayado la necesidad de certidumbre y estabilidad en la financiación del sistema de dependencia, argumentando que los recursos deben ser constantes por parte del Gobierno central. Actualmente, la Junta de Andalucía sostiene este sistema «en solitario», con más de 297,400 beneficiarios, siendo el mayor del país.
La secretaría también recordó que las cuantías mínimas se definen anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero la ausencia de modificaciones legislativas debido a las prórrogas desde 2023 ha sido planteada en la reciente Comisión Delegada del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia.
A pesar de este panorama, los representantes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han indicado que no hay intención de modificar la normativa para mejorar la financiación. Frente a esta situación, la Consejería insta al Gobierno de España a realizar los cambios normativos necesarios para aumentar las contribuciones y así asegurar una financiación equitativa entre ambas administraciones, conforme a lo que establece la Ley de Dependencia.
Fuente: Junta de Andalucía.
