El inicio del nuevo curso escolar en Andalucía marca un importante momento para la educación pública en la región. A partir del 10 de septiembre, las escuelas infantiles y colegios reabren sus puertas, seguidos por los institutos y demás centros el 16 de septiembre. Este año inicia en un contexto de desafíos significativos que han demandado cambios en la normativa, adaptándose a la LOMLOE, así como en la estabilización de las plantillas docentes y la integración del profesorado técnico de Formación Profesional (FP).
Desde ANPE, el sindicato mayoritario de la enseñanza pública en Andalucía, se ha trasladado a la nueva consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, la necesidad urgente de implementar políticas que fortalezcan la educación pública. Entre las preocupaciones, destaca el rechazo a una ayuda estatal de 112 millones de euros destinada a crear 12.000 nuevas plazas en la educación infantil.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha decidido ampliar la plantilla docente en 1.010 efectivos para este curso, con un enfoque en Formación Profesional y Atención a la Diversidad. Sin embargo, ANPE considera que este esfuerzo es insuficiente, dado el tamaño de la plantilla actual y las necesidades existentes, y está comprometido a retomar negociaciones sobre el incremento estructural de plantillas docentes.
Además, ANPE exige una reducción del horario lectivo semanal a 23 horas para el profesorado de Infantil y Primaria, y no más de 18 horas para otros niveles educativos, alineándose con la Ley 4/2019. La organización también insiste en la importancia de respetar los máximos legales de ratio en las aulas y en la reducción progresiva de estas.
La promoción profesional de los docentes es otra área que ANPE defiende. Señalan la necesidad de crear amplias ofertas de empleo, habilitar procedimientos para adquirir especialidades y activar convocatorias de acceso a cátedras, un derecho reconocido por la legislación que la administración educativa ha negado repetidamente.
La burocracia y el papeleo excesivo son obstáculos que complican la labor docente; por ello, ANPE insiste en la necesidad de reducir estas cargas y ofrecer más tiempo para la coordinación y acción tutorial. Relacionado con esto, se busca también impulsar la Formación Profesional, considerando crucial un plan que garantice un aumento en la oferta pública para responder a la creciente demanda.
La Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, por la que ANPE ha luchado durante años, aún espera la publicación de un decreto que clarifique aspectos clave sobre el ámbito de aplicación, los derechos del profesorado y la protección ante conductas que afecten la convivencia escolar.
Por otro lado, ANPE se preocupa por el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar de los docentes. A pesar de un acuerdo alcanzado hace casi dos años para implementar el teletrabajo en el ámbito educativo, la normativa de funcionamiento de los centros aún no ha sido actualizada, limitando la efectividad de este acuerdo.
Finalmente, se destaca que se inicia el abono del tercer tramo de la equiparación salarial del profesorado andaluz, un logro obtenido tras una prolongada lucha por parte de la organización. ANPE reitera su compromiso con la educación pública y se ofrece a la administración andaluza para colaborar en iniciativas que beneficien a los docentes y a la educación en la comunidad.
Con el inicio de este nuevo año escolar, ANPE envía sus mejores deseos a todos los docentes que, con esfuerzo y dedicación, continúan contribuyendo a la formación de las generaciones futuras. El sindicato se mantiene a disposición de todos los educadores para garantizar no solo la atención a sus necesidades individuales, sino también la defensa de sus derechos colectivos.
Fuente: ANPE Andalucía.
