El Consejo de Gobierno ha decidido destinar 3,5 millones de euros a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para cubrir el aumento de la plantilla de funcionarios debido a la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley, aprobada por el Gobierno central, ha provocado que la Junta de Andalucía amplíe su personal en 86 plazas para la creación de nuevos tribunales de instancia, un costo que la región asume en solitario.
Las dos primeras fases de la ley, que entrarán en vigor en 2025, requieren un incremento de personal en 70 partidos judiciales, afectando a más de 4.000 funcionarios. Para lograrlo, se han creado 86 nuevos puestos, incluyendo 24 gestores procesales, 51 tramitadores y 11 de Auxilio Judicial. Además, se han introducido jefaturas y reestructurado juzgados.
La primera fase comienza el 1 de julio de 2025, y la segunda el 1 de octubre de 2025, afectando en particular a tres partidos judiciales en Málaga. La tercera fase, el 31 de diciembre de 2025, implica la adaptación de las capitales de provincia y otras grandes ciudades andaluzas.
Andalucía no solo cubre el aumento de personal, sino también otros costos adicionales relacionados con la modernización de sedes judiciales y la formación de profesionales. La Junta de Andalucía ya había solicitado apoyo económico al Gobierno central, que aún no ha respondido. La reforma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 2 de enero de 2025, implica una inversión total de 57 millones de euros solo para esta comunidad autónoma.
La Junta continúa presionando al Ministerio de Justicia para que aporte los recursos necesarios, subrayando la falta de memoria económica que acompaña la legislación nacional.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
