La empresa española CAF enfrenta críticas por su participación en el proyecto del tranvía ligero de Jerusalén, que conecta con asentamientos israelíes en territorios palestinos. Actualmente, un grupo de ONG ha presentado una demanda en Bélgica para retirar un contrato de 3.000 millones de euros adjudicado a CAF, acusándola de «complicidad en crímenes de guerra» debido a estas operaciones. A pesar de la suspensión inicial de la licitación en Bélgica por falta de transparencia, CAF había sido reevaluada positivamente por cumplir con los requisitos legales, desencadenando protestas de partidos políticos y ONG. Este caso abordará la responsabilidad de las entidades públicas en la contratación de empresas implicadas en violaciones de derechos humanos.
Leer noticia completa de Internacional en El Independiente.
