Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú, su administración ha confrontado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, destacando por sus posturas desafiantes y un anuncio clave: trabajar en una ley para retirar al país del Pacto de San José. Esta medida llega en medio de una baja aprobación popular del 3% y tras varias controversias, incluyendo la suspensión de investigaciones en su contra por el Tribunal Constitucional. Además, el gobierno ha respaldado una polémica ley de amnistía y ha coqueteado con la reintroducción de la pena de muerte, desafiando tratados internacionales. Políticos y partidos han promovido también la salida del sistema de derechos humanos, lo cual, según analistas, podría representar un retroceso democrático y fortalecer la impunidad en el país.
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