La SNCB belga ha otorgado a la empresa vasca CAF un contrato de 3.000 millones de euros para fabricar trenes, decisión que ha generado polémica por la implicación de CAF en proyectos en territorios ocupados en Palestina. Las ONG acusan a CAF de violaciones del derecho internacional por su participación en un tranvía que conecta Jerusalén Oeste con asentamientos ilegales. Estas organizaciones han demandado la suspensión del contrato, alegando que el dinero público no debe financiar violaciones de derechos humanos. El caso, ahora ante el Consejo de Estado belga, podría marcar un precedente en Europa sobre la responsabilidad ética en la contratación pública. Mientras tanto, tanto CAF como SNCB han optado por no comentar sobre el asunto.
Leer noticia completa de Internacional en El Independiente.
