La Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos ha arrojado un balde de agua fría sobre la tecnología de reconocimiento facial utilizada por diversas agencias del gobierno federal. En un informe revelador, la Comisión pone de relieve serios problemas y amenazas a los derechos civiles que surgen del uso de estos sistemas, particularmente en el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
El informe detalla cómo el DOJ, a través del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Alguaciles, emplea el reconocimiento facial principalmente para obtener pistas en investigaciones criminales. Paralelamente, el DHS aplica esta tecnología en la identificación de viajeros y en investigaciones de delitos transfronterizos, mientras que el HUD lo hace mediante cámaras de vigilancia en algunos desarrollos de vivienda pública. A pesar de su despliegue, la capacitación específica sobre el uso correcto de estos sistemas en las instituciones mencionadas es notoriamente deficiente, advierte la Comisión.
La Electronic Frontier Foundation (EFF), organización que aboga por la privacidad digital, no ha tardado en responder al informe, reiterando su llamado a prohibir el uso gubernamental de esta tecnología y solicitando una regulación más estricta en el ámbito privado. La EFF envió sus observaciones a la Comisión en abril, alertando sobre los peligros inherentes de la tecnología y pidiendo mayor comprensión y transparencia en su aplicación.
Uno de los aspectos más alarmantes del reconocimiento facial, según el informe, es su inquietante inexactitud. Los sistemas actuales tienden a cometer errores de identificación, especialmente cuando se trata de personas de color y miembros de la comunidad LGBTQ+. Esta imprecisión se debe en gran medida a sesgos algorítmicos que afectan desproporcionadamente a individuos con piel más oscura, resultando en falsos positivos que pueden tener repercusiones severas, desde investigaciones penales equivocadas hasta vulneraciones de la libertad individual.
La Comisión insta al Congreso y a los líderes de las agencias a implementar medidas más rigurosas de supervisión y transparencia. Si bien la EFF está de acuerdo con muchos de los puntos críticos señalados, enfatiza que se requieren acciones más contundentes ante la amenaza que el reconocimiento facial representa para las libertades civiles, la privacidad y la seguridad de las personas. La organización reafirma su compromiso en la lucha por prohibir el uso de estas tecnologías por parte de los gobiernos y en abogar por una regulación estricta en el sector privado.
