El juez ha acusado al ayuntamiento, bajo la dirección de Junts, de incurrir en «discriminación directa por razón de lengua». Esta medida judicial se produce en un contexto de tensiones lingüísticas en Cataluña, donde el uso del catalán y el castellano ha sido un tema de debate político y social. La resolución implica que el Consistorio habría favorecido a una de las lenguas en detrimento de la otra, lo que podría tener repercusiones significativas en la gestión municipal y las políticas lingüísticas de la región.
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