La Audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de prisión y una multa de 50 millones de euros al exlíder de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y a otros tres ex altos cargos del sindicato por un delito continuado de falsedad documental y fraude de subvenciones. Los condenados utilizaron los fondos públicos destinados a cursos de formación para desempleados, desviándolos para financiar actividades propias de UGT, entre 2009 y 2013, por una cifra que asciende a más de 40 millones de euros. El tribunal destacó la gravedad de los delitos, que afectaron tanto a los trabajadores como a la sociedad, y describió los métodos fraudulentos, como el uso de facturas simuladas y el rappel. Ocho empresas proveedoras fueron absueltas por falta de conocimiento del fraude, mientras que la ex responsable de Compras del sindicato, Dolores Sánchez, recibió una pena reducida. Los ex dirigentes deberán indemnizar a la Junta de Andalucía con el monto defraudado, siendo UGT-A responsable civil subsidiario.
Leer noticia completa en El Pais.
