El tribunal ha determinado que se produjo un inflado intencionado de las facturas asociadas a los cursos de formación, con el propósito de crear una fuente de financiación extraordinaria para el sindicato implicado. Durante el juicio, se reveló que esta práctica fraudulenta constituyó un medio para desviar fondos, afectando así la integridad de los programas de capacitación. La sentencia subraya la gravedad de las acciones y su impacto en la confianza pública hacia las organizaciones implicadas, además de resaltar la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de fondos de formación para evitar abusos similares en el futuro.
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