La implementación de los tribunales de instancia está generando tensiones entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio ha advertido que cualquier demora en las tareas que competen al Consejo podría poner en riesgo el avance de este proyecto judicial clave. Ambos organismos deberán coordinarse eficientemente para evitar que los plazos se vean comprometidos, lo que podría afectar la modernización del sistema judicial español.
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