Un letal accidente de helicóptero en el río Hudson, que cobró la vida de un piloto y una familia española, ha reavivado el debate sobre la regulación del turismo aéreo en Nueva York. A pesar de la creciente presión para limitar los vuelos turísticos debido a preocupaciones de seguridad y ruido, el alcalde Eric Adams defiende su impacto económico, valorado en 50 millones de dólares anuales. La tragedia ha intensificado las críticas hacia la falta de regulación y ha movilizado a grupos vecinales y políticos, como el senador Brad Hoylman-Sigal, que exigen prohibiciones más estrictas. Mientras la Junta de Seguridad en el Transporte Aéreo investiga, surgen revelaciones sobre la cuestionada gestión de la empresa New York Helicopter, involucrada en el siniestro. Con un historial de problemas financieros y de seguridad, la compañía reflota dudas sobre la idoneidad de sus operaciones en un espacio aéreo ya saturado.
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