La expectación en torno a la próxima licitación de Muface ha ganado intensidad tras la reciente publicación de la oferta en la Plataforma de Contratación del Estado. Aunque se espera que el proceso arranque en abril, el Gobierno ha optado por aplicar una prórroga de tres meses, manteniendo el statu quo durante este periodo.
Según los detalles financieros divulgados, el contrato será vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, con un presupuesto total de 4.205 millones de euros. De este monto, 4.134 millones estarán destinados a atender a los funcionarios nacionales, mientras que 71,6 millones de euros se reservarán para los mutualistas en el extranjero. La cantidad total es ligeramente inferior a las proyecciones previas de 4.478 millones de euros, una discrepancia atribuida a la exclusión del servicio en los primeros tres meses del año.
Las críticas no se han hecho esperar, especialmente de Unipromel, una asociación de médicos autónomos que considera que el contrato es insuficiente. A pesar de un aumento de las primas del 33,5%, la asociación argumenta que no se garantiza una mejora en las condiciones laborales para los médicos. En este contexto, han advertido sobre la posibilidad de impugnar el nuevo contrato, manifestando su disconformidad con los términos propuestos.
En el ámbito de las aseguradoras, las reacciones han sido diversas. Adeslas, que domina el 33% del mercado de asegurados, ha expresado su inconformidad con la decisión gubernamental de reintroducir contratos de tres años, argumentando que esta medida podría acarrear riesgos financieros basados en experiencias negativas del pasado. Mientras tanto, Asisa ha mostrado una postura más conciliadora, destacando la importancia de mantener un modelo mutualista sostenible. Por su parte, DKV ha optado por un mutismo estratégico, evaluando meticulosamente los nuevos pliegos antes de tomar una decisión definitiva.
Con un plazo límite para la presentación de propuestas fijado para el 15 de enero a las 10 de la mañana, la tensión persiste entre las partes interesadas. La fecha de conclusión del contrato se mantiene para el 31 de diciembre, aunque existe la posibilidad de extenderse hasta finales de enero o incluso marzo bajo circunstancias específicas. Este panorama de incertidumbre refleja las tensiones subyacentes respecto al modelo de cobertura actual, dejando en vilo el futuro de la asistencia médica para ciertos funcionarios. La discordia en torno a los términos de esta licitación es palpable, y el desenlace depende ahora de las decisiones que tomen las aseguradoras en los próximos meses.
