En los últimos años, la Unión Europea (UE) ha emergido como un referente en la regulación de los servicios en línea y las nuevas tecnologías. Este liderazgo regulatorio se ha manifestado especialmente en los dos mandatos recientes de la Comisión Europea, durante los cuales se han introducido numerosas legislaciones, enfocándose en las grandes corporaciones tecnológicas. Este ambicioso proyecto ha captado la atención internacional, principalmente debido a la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA), cuyas repercusiones trascienden el territorio europeo.
La DSA se centra en la administración del contenido en línea, con el objetivo principal de aumentar la transparencia en la moderación de contenido y responsabilizar a las plataformas por la difusión de información ilegal. Para las «plataformas en línea muy grandes» (VLOPs), esta regulación impone la ardua tarea de abordar los «riesgos sistémicos» derivados tanto de su diseño como de las normas de uso y la interacción pública con sus servicios. Buscar un balance entre controlar el contenido ilegal y salvaguardar derechos fundamentales, como la libertad de expresión, sigue siendo un reto significativo, y el papel de reguladores y la sociedad civil en este proceso aún está en construcción.
Por su parte, la DMA aborda cuestiones macroeconómicas, estableciendo un marco de obligaciones y restricciones para las plataformas más dominantes. Su finalidad es fomentar la «competitividad» dentro de los mercados digitales, permitiendo que nuevos actores puedan desafiar el dominio de los gigantes tecnológicos y asegurando un entorno equitativo para los negocios digitales.
A medida que el año 2024 se acerca a su fin, tanto la DSA como la DMA prometen un ecosistema digital más seguro y justo. No obstante, surgen interrogantes críticas acerca de la aplicación práctica de estas normativas y los beneficios que realmente aportan a los usuarios.
La DMA plantea un dilema interesante: resulta ventajosa para los usuarios, pero para las grandes tecnológicas representa un desafío complejo. Ha generado fricciones palpables, especialmente entre los gigantes tecnológicos estadounidenses y los reguladores europeos. Caso emblemático es el de Meta, la corporación detrás de Facebook, criticada por su manejo de datos personales en el marco de la Ley General de Protección de Datos (GDPR). Aunque la GDPR buscaba acabar con la recolección abusiva de datos, Meta ha intentado sortear sus obligaciones, señalando que su modelo de negocio depende de la recolección de información.
La DMA ha reforzado la GDPR insistiendo en que la privacidad debe protegerse y que las empresas deben obtener un consentimiento explícito de los usuarios para utilizar sus datos. Como respuesta, Meta ha propuesto un nivel de suscripción que elimina la vigilancia para quienes no quieran participar en ella, lo que suscita dudas sobre la legalidad de tales propuestas.
Apple, igualmente, desafía las regulaciones al crear condiciones que cumplen de manera superficial con la DMA, beneficiándose de excepciones que les permiten evitar ciertas obligaciones. Su sistema de mensajería iMessage, por ejemplo, fue exento de los requisitos de interoperabilidad, cuestionando el compromiso real de la empresa con una competencia justa.
El creciente poder de las plataformas digitales ha provocado preocupación sobre la gestión de contenido dañino, sin comprometer la libertad de expresión. La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha abogado por principios fundamentales como la transparencia en la regulación. Aunque la DSA adopta un enfoque correcto al centrarse en los procesos de las plataformas, las obligaciones respecto a gestionar contenido ilegal y abordar riesgos sistémicos podrían incentivar una censura excesiva.
Durante este 2024, la ambigüedad de la DSA se ha puesto de manifiesto, destacando el peligro de que se convierta en un instrumento que determine la aceptabilidad de ciertos discursos políticos en línea. Los desafíos en torno a la desinformación electoral han llevado a la EFF y otras entidades a recomendar que las directrices futuras prioricen prácticas efectivas sobre la regulación del discurso.
En conclusión, mientras la UE continúa su carrera en la regulación del entorno digital, los desafíos para implementar de manera justa y eficiente estas normativas permanecen como una tarea en constante evolución.
