Los recientes recortes en la ayuda internacional están generando alarmas en la comunidad mundial, dado el impacto potencialmente devastador sobre la mortalidad materna, comparable a los picos alcanzados durante situaciones pandémicas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las mujeres embarazadas en zonas de conflicto, como Gaza y Haití, enfrentan un riesgo cinco veces mayor de fallecer durante el embarazo y el parto en comparación con aquellas en otras regiones.
Aunque el número global de muertes relacionadas con el embarazo y el parto se ha reducido en un 40% entre 2000 y 2023, este avance se ha estabilizado desde 2016, y la cifra de muertes maternas en 2023 se estima en 260,000. Bruce Aylward, subdirector general de la OMS, ha subrayado que los recortes en la financiación no solo ponen en riesgo los logros alcanzados, sino que amenazan con revertir décadas de progreso en atención materna.
En el caso de Gaza, el sistema de salud se encuentra en una situación especialmente crítica. Se estima que hay alrededor de 55,000 mujeres embarazadas, de las cuales un tercio enfrenta embarazos de alto riesgo. La escasez de suministros médicos, resultado del bloqueo israelí, agrava aún más la situación, afectando la salud de las madres y sus bebés.
Por otra parte, la situación en Haití también es alarmante, con la violencia de pandillas cobrando al menos 262 vidas en dos meses, sumiendo al país en una crisis humanitaria profunda. Las acciones violentas de los grupos delictivos han aumentado el número de desplazados, intensificando la inestabilidad y complicando aún más el acceso a servicios de salud para las mujeres embarazadas.
Además, un informe de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito ha destacado una preocupante interconexión entre la deforestación y el crimen organizado. La tala indiscriminada de bosques, relacionada con actividades ilegales como la minería y el tráfico de drogas, no solo amenaza el medio ambiente, sino que también nutre las redes delictivas.
Este complejo panorama exige una respuesta urgente y coordinada para frenar la mortalidad materna y abordar la violencia y el crimen que afectan a miles de personas en distintas partes del mundo. La comunidad internacional enfrenta el desafío de garantizar que los recortes en la ayuda no se traduzcan en retrocesos en derechos humanos y salud pública.
