El órgano fiscalizador autonómico ha presentado un informe detallado sobre la actividad de la consejería de Derechos Sociales correspondiente a los ejercicios 2016-2024. El análisis revela deficiencias en la gestión de recursos y una falta de transparencia en la asignación de fondos. Además, se destacaron irregularidades en varios programas destinados a atender a las poblaciones más vulnerables, subrayando la necesidad de implementar mejoras estructurales para garantizar una administración más eficiente y responsable. Este informe se convierte en un llamado de atención urgente para las autoridades pertinentes.
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