El Gobierno español está en proceso de reformar la ley del Poder Judicial, centrándose en la situación precaria de alrededor de mil jueces y juezas sustitutos, además de 300 fiscales, quienes, a pesar de estar disponibles todo el año, solo perciben salario al ejercer, sin derechos laborales ni cotizaciones a la Seguridad Social. La Comisión Europea ha presionado para regularizar esta situación, exigiendo a España enfrentar la «temporalidad excesiva». En respuesta, el Ministerio de Justicia propone un procedimiento de regularización a través de un cuarto turno. Sin embargo, los representantes del gremio critican que el proceso está abierto también a otros profesionales jurídicos, diluyendo su propósito de estabilización específica. La presidenta de la Asociación Plataforma Judicatura Interina, Inmaculada Domínguez, argumenta que esta medida no aborda adecuadamente el abuso de temporalidad que enfrentan, socavando años de experiencia de quienes llevan tiempo ejerciendo bajo esta modalidad.
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