En un caso que podría establecer un precedente importante para la privacidad digital, la Electronic Frontier Foundation (EFF) se ha unido a la Asociación de Abogados Defensores de Michigan y las secciones estatal y nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) para desafiar la constitucionalidad de una orden de registro telefónico en el caso «People v. Carson» ante la Corte Suprema de Michigan.
La polémica surgió cuando Mr. Carson fue arrestado por participar en el robo de una caja fuerte de su vecino. Meses después, las autoridades obtuvieron una orden para registrar su teléfono móvil, basándose únicamente en una vaga afirmación de un oficial de que el dispositivo se utilizó en la comisión de delitos. Esta orden permitió el acceso sin restricción al dispositivo, lo que resultó en la recolección de pruebas que contribuyeron a su condena.
Sin embargo, en una posterior apelación, la Corte de Apelaciones falló a favor de Carson, determinando que la evidencia obtenida de su teléfono no debió ser admitida durante el juicio. El tribunal argumentó que la orden de registro fue demasiado amplia y careció de la especificidad requerida por la Constitución. Ahora, el caso ha sido elevado a la Corte Suprema de Michigan tras la apelación del gobierno estatal.
El informe presentado por EFF destaca que la orden violó principios fundamentales de la Cuarta Enmienda de la Constitución, mismos que están diseñados para proteger a los individuos de búsquedas indiscriminadas. Según la EFF, la falta de especificidad de la orden podría abrir la puerta a futuros abusos en la búsqueda de dispositivos electrónicos, que contienen gran cantidad de datos personales y sensibles.
Esta situación trae a colación el precedente establecido por la Corte Suprema de EE.UU. en el caso «Riley v. California», donde se reconoció que los teléfonos inteligentes, por su capacidad expandida de almacenamiento de información y su carácter íntimo, requieren un tratamiento especial por parte de los tribunales al autorizar órdenes de registro.
La orden en cuestión no logró establecer un nexo claro entre el delito investigado y el teléfono de Carson, y permitió un acceso indiscriminado a «todos los datos» del dispositivo, lo que EFF denuncia como una violación de los derechos constitucionales de Carson. Como tal, las órdenes de registro deben ser precisas y específicas, limitando las búsquedas a períodos temporales definidos y a tipos de datos pertinentes al caso.
Este caso destaca la importancia de establecer salvaguardias claras y eficaces para proteger la privacidad digital de los individuos frente a potenciales abusos por parte de las autoridades en una era donde los teléfonos contienen cada vez más fragmentos de nuestra vida personal y profesional.ividad”.
