La situación actual de la medicina pública en España es alarmante. A pesar de los avances y las manifestaciones promovidas por el colectivo médico, los recientes pronunciamientos de la ministra Mónica García han generado una oleada de indignación entre los profesionales de la salud. Esta indignación se fundamenta en la percepción de un cambio radical en su postura, que ahora parece alinearse más con las políticas del gobierno que con las demandas del sector.
La ministra, en un giro inesperado, ha promovido un Estatuto Marco que, lejos de mejorar, consagra el maltrato hacia los médicos. Aquellos que antes se manifestaban a su lado en contra de las guardias de 24 horas y las jornadas laborales extensas, ahora enfrentan una estrategia de deslegitimación que no es nueva, como se ha evidenciado en otros contextos, como el de la Junta de Andalucía.
A través de sus declaraciones, se difunde la idea de que los médicos gozan de privilegios similares a los de altos funcionarios. Sin embargo, la realidad es mucho más dura. Para alcanzar los salarios a los que se refiere la ministra, los profesionales médicos deben asumir jornadas laborales que rozan las 60 o 70 horas semanales, muchas de las cuales no son reconocidas adecuadamente ni se contabilizan a efectos de jubilación. Los médicos jóvenes, que se encuentran bajo una presión laboral intensa, reciben retribuciones que no reflejan su formación, experiencia y responsabilidades.
Uno de los problemas más acuciantes que enfrenta la sanidad pública es una escasez crítica de médicos. Aunque España cuenta con una cantidad de médicos superior a la media europea, muchos optan por abandonar el sistema público debido a condiciones laborales adversas y a la falta de apoyo por parte de los responsables políticos. Esta fuga de profesionales es un reflejo del malestar existente en el sector.
La incapacidad de los políticos para abordar adecuadamente las reformas necesarias hace que recurran a discursos demagógicos que transforman a los médicos en «élite malcriada». Esta narrativa no solo deslegitima la labor médica, sino que también perjudica a la población, dejando a los ciudadanos en una situación precaria donde quienes pueden costear un seguro privado recibirán atención de médicos que han sido empujados fuera del sistema público.
La crisis actual es, en esencia, una crisis de la medicina pública. En lugar de investigar sus causas y buscar soluciones, los políticos parecen estar perpetuando un ciclo de ataque autodestructivo contra la profesión médica. Esta situación se ve exacerbada por la incompetencia y los prejuicios que han caracterizado a muchas de las decisiones tomadas en los últimos años.
La comunidad médica se encuentra firme en su compromiso de seguir reclamando las mejoras necesarias para preservar la calidad de la atención sanitaria pública. Cada ataque y cada intento de deslegitimación no hace más que reforzar la determinación de un colectivo que sigue luchando por los derechos de sus profesionales y, sobre todo, por el bienestar de los pacientes.
La culminación de esta compleja situación queda en manos de los responsables políticos, quienes deben decidir si optan por la confrontación o el diálogo constructivo. Mientras tanto, el compromiso del Comité Ejecutivo del SMA y de todos los actores involucrados en el sistema de salud permanece inquebrantable.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
