La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha ratificado ante la juez que investiga el caso de la DANA que la Confederación Hidrográfica del Júcar no alertó sobre la crecida del barranco del Poyo, una falta de información que apoyaba la postura de Salomé Pradas, ex consellera de Emergencias. Durante la declaración, también se reveló que las comunicaciones sobre otros riesgos llegaron tarde o fueron inadecuadas, incluyendo el peligro de colapso de la presa de Forata y la falta de discusiones sobre situaciones críticas en Chiva y Buñol. Tras su testimonio, varias acusaciones afectadas por la DANA solicitarán formalmente la imputación de Bernabé a la juez Ruiz Tobarra. Actualmente, los investigados oficiales son Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, cuya imputación el fiscal solicita que sea retirada.
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