La comisión académica del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), presidida por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, dio un paso significativo el pasado lunes 28 de octubre al emitir un informe favorable unánime sobre el anteproyecto de la Ley de Universidades para Andalucía (LUPA). Esta propuesta de ley, que incorpora varias modificaciones sugeridas por los rectores andaluces, busca fortalecer la autonomía universitaria y perseguir una serie de objetivos ambiciosos. Entre ellos, destaca la protección del sistema público universitario, el aumento de los derechos estudiantiles, la promoción de la excelencia académica, y la mejora en la transferencia de conocimiento entre la universidad y el sector empresarial.
Una vez obtenido el respaldo de los rectores de las universidades públicas andaluzas, el anteproyecto de la LUPA avanza hacia su próxima fase de tramitación, que involucra la solicitud de informes jurídicos y consultivos del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo, entre otros. Estos análisis son necesarios antes de que el documento sea presentado al Parlamento andaluz para su debate y eventual aprobación. Si se aprueba, esta ley reemplazará al marco legal actual, vigente desde 2013, y se espera que entre en vigor en 2025.
El anteproyecto, aún sujeto a cambios, contempla un modelo de financiación común para las universidades, revisable cada cinco años, y establece un sistema de bonificación para premiar las matrículas universitarias. En el ámbito académico, se garantizará la movilidad internacional de los estudiantes, quienes deberán acreditar un nivel B2 en un idioma extranjero para obtener un título oficial o acceder a ciertas posiciones docentes. Asimismo, busca retener el talento docente con medidas que incluyen la colaboración con otros componentes del sistema del conocimiento y transformaciones en los contratos docentes para evitar la precariedad laboral.
El texto legal también promueve la formación continua, permitiendo a las universidades ofrecer títulos propios y microcredenciales, ajustando la formación a las demandas del mercado laboral. Adicionalmente, endurece los requisitos para la creación y funcionamiento de universidades privadas en la región, asegurando que los promotores tengan experiencia comprobada en educación superior.
Con el periodo de exposición pública cerrado desde el 18 de octubre, las alegaciones al anteproyecto están siendo analizadas para potencialmente mejorar el texto. Las reuniones con diversas partes interesadas, incluida la comunidad educativa y el sector económico-social, seguirán siendo clave en este proceso, mientras el gobierno se compromete a mantener informadas a las universidades andaluzas sobre los avances en las negociaciones.
Fuente: Junta de Andalucía.
