El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que trasladará la responsabilidad de las investigaciones penales de los jueces a los fiscales, siguiendo el modelo de varios países de la UE. Esta modificación, que lleva retrasándose casi 15 años, incluye cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar su autonomía política y prohíbe la intervención de partidos políticos en la acusación popular. El proyecto prevé entrar en vigor en 2028, afectando únicamente a causas abiertas a partir de esa fecha, y busca reforzar la independencia del fiscal general al desvincular su mandato del ciclo político. Esta reforma ha sido cuestionada por asociaciones de jueces, quienes consideran inoportuno el momento de su implementación, dado el contexto político actual.
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