La sentencia destaca que las leyes son, en última instancia, el producto de pactos que pueden tener objetivos a corto o largo plazo, enmarcados en la esfera de la negociación y transacción política. Este enfoque subraya la naturaleza negociada del proceso legislativo y su dependencia de acuerdos políticos, que reflejan tanto intereses inmediatos como prolongados de las partes involucradas.
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