La situación en la frontera de Ceuta pone en tela de juicio la capacidad de España para mantener su soberanía, según lo estipulado en la Constitución. La inacción gubernamental ante presiones como la expansión del Gran Marruecos y la seguridad en las Islas Canarias se perciben como una amenaza directa para la integridad territorial nacional. Conforme a la Constitución, las Fuerzas Armadas deben garantizar la defensa del territorio, una obligación que trasciende el ámbito de decisiones políticas discrecionales. Además, la falta de acción en la protección fronteriza podría conllevar responsabilidades penales para los líderes del Ejecutivo. Estos desafíos sugieren que, de persistir la debilidad institucional, podría ser necesario un nuevo proceso constituyente que redefina el marco del Estado para asegurar la estabilidad y unidad de España.
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