El emblemático edificio modernista Casa Orsola, ubicado en el barrio de l’Eixample de Barcelona, se ha convertido en el epicentro de la lucha por el derecho a la vivienda. Este viernes, se esperaba que Josep Torrent, un maestro de 49 años que ha residido allí durante 22 años, fuera desalojado del edificio. Sin embargo, la movilización de vecinos y activistas logró aplazar el desahucio, que ahora está reprogramado para el próximo lunes a las 5:00 de la madrugada.
La interrupción de la comitiva judicial, aunque temporal, fue consecuencia de una masiva concentración en frente del edificio. Las autoridades judiciales decidieron posponer el desalojo, no como una cancelación definitiva, sino para asegurar medidas de seguridad adicionales.
Desde 2021, cuando un fondo de inversión inmobiliario adquirió Casa Orsola con planes de convertirla en apartamentos de lujo para alquiler turístico, los residentes han enfrentado crecientes presiones. De las 27 viviendas habitadas con alquileres asequibles, actualmente solo cinco vecinos permanecen en resistencia. Josep Torrent es el primer inquilino en enfrentarse a una orden judicial de desalojo, tras el vencimiento de su contrato en 2022, a pesar de haber depositado su renta de 700 euros en los juzgados mientras busca una solución negociada.
Este caso ha generado una amplia respuesta social. La noche anterior al desalojo programado, decenas de personas se congregaron para mostrar solidaridad y oposición a la especulación inmobiliaria, que ha intensificado el auge de los alquileres turísticos en Barcelona. El Sindicato de Inquilinas y colectivos vecinales denuncian que estos fondos de inversión están desplazando a los residentes para maximizar beneficios, un fenómeno creciente en l’Eixample y otras partes de la ciudad.
El Ayuntamiento de Barcelona, que en su momento consideró comprar el inmueble mediante el derecho de tanteo, finalmente descartó la operación por motivos técnicos y económicos, aunque ha seguido buscando soluciones junto a los vecinos. Hasta ahora, solo han reconocido un caso de vulnerabilidad, ofreciendo una alternativa habitacional que fue rechazada. Sin embargo, el consistorio reafirma su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda digna y combatir el fraude en los alquileres turísticos.
El caso de Casa Orsola representa una problemática extendida, especialmente en el Eixample, donde más de 40 edificios enfrentan situaciones similares. En Cataluña, donde se practican un promedio de 22 desahucios diarios, la magnitud de la crisis habitacional es evidente.
Josep Torrent, quien soñaba con jubilarse en su hogar de toda la vida, afronta un futuro incierto. Su objetivo ha sido siempre buscar una negociación colectiva con los propietarios, pero lamenta la falta de respuesta tanto de los dueños del edificio como de las administraciones públicas. Emocionado, ha agradecido el apoyo ciudadano y reafirmado su intención de luchar por el derecho a permanecer en el edificio que ha sido su hogar durante más de dos décadas, erigiéndose como un símbolo de resistencia frente a la especulación inmobiliaria.
