El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su oposición a la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática, una decisión oficializada por el Boletín Oficial del Estado. Esta designación busca recordar las atrocidades cometidas en el edificio durante la dictadura franquista, lo que ha generado un conflicto con el Gobierno central. La Comunidad de Madrid planea presentar un recurso ante la Audiencia Nacional, argumentando que el expediente está caducado. El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha calificado la resolución como «sectaria» y ha insistido en la rica historia del edificio, minimizando su relación con el franquismo. En contraste, el Gobierno central sostiene que la declaración es un reconocimiento necesario para las víctimas del franquismo y un símbolo para no repetir errores del pasado. Este desacuerdo ya ha llegado al Tribunal Constitucional, y el futuro del reconocimiento sigue en disputa.
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