En medio del colapso migratorio que afecta a las Islas Canarias, el Gobierno central y el ejecutivo canario intensifican la presión sobre el PP para aceptar el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades. En una reunión en La Palma, Sánchez y Clavijo acordaron buscar apoyos en el Congreso para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería tras el rechazo del PP, Vox y Junts en julio. El ministro de Política Territorial, Torres, descartó el uso de un decreto ley y anunció una inversión de 50 millones de euros para Canarias. Clavijo urgió a una «respuesta de país» y señaló la necesidad de un acuerdo amplio para abordar esta crisis estructural. Mientras tanto, el PP mantiene su postura crítica y demanda un refuerzo en el control de fronteras. El encuentro se produce cuando Canarias enfrenta una sobrecarga de recursos por el aumento significativo de llegadas de migrantes, con la expectativa de un incremento en los próximos meses.
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