El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que oficializa el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales distribuidos en 14 pagas para el año 2025. Este incremento, logrado gracias a un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT, representa un avance significativo de 50 euros al mes y 700 euros anuales en comparación con la cifra vigente en 2024. Sin embargo, el panorama fiscal se complica, pues por primera vez, el SMI quedará sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El beneficio de este ajuste salarial se extenderá a aproximadamente 2,4 millones de trabajadores, de los cuales el 65,8% son mujeres y un 26,8% son jóvenes entre 16 y 24 años. La distribución sectorial muestra un impacto particular en el sector agrícola, al que corresponde el 31% de los beneficiarios, seguido por el sector servicios con un 14,3%, la industria con un 5,9% y la construcción con un 3,4%.
El Gobierno destaca que este aumento es una herramienta clave para reducir la desigualdad económica y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Desde 2018, el SMI ha crecido un 61%, superando claramente la inflación acumulada del 23% y contribuyendo a una mejora real de poder adquisitivo del 38%.
A pesar de los beneficios evidentes, la decisión del Ministerio de Hacienda de dejar inalterado el umbral exento del IRPF ha generado una notable controversia. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha expresado su desacuerdo con esta medida, afirmando que afectará injustamente a las rentas más bajas. Desde Sumar, su partido, se contempla la posibilidad de presentar una enmienda legislativa para modificar esta normativa fiscal, iniciativa que podría contar con el apoyo del Partido Popular.
Por su parte, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha justificado la medida señalando la importancia de la recaudación fiscal para fortalecer el estado del bienestar y argumentando que la reducción de impuestos no siempre es la solución más adecuada.
En el corto plazo, gobierno y sindicatos han acordado establecer una Mesa de Diálogo Social en un plazo de dos meses, con el fin de discutir la transposición de la Directiva Europea sobre Salarios Mínimos Adecuados. Esta mesa no solo debatirá la modernización del SMI, sino también la compensación de complementos salariales, la aspiración de que el SMI represente al menos el 60% del salario medio y la creación de mecanismos para la actualización automática de los salarios en los convenios colectivos. También se espera que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sea considerada en el cálculo del salario mínimo por hora.
El Ministerio de Trabajo insiste en que el crecimiento económico debe reflejarse en mejoras salariales, viendo el aumento del SMI como un medio efectivo para disminuir la pobreza y la desigualdad. Yolanda Díaz ha destacado una reducción del 18% en la desigualdad en España gracias a la estrategia de incrementar el salario mínimo.
No obstante, las patronales CEOE y Cepyme expresan su preocupación, advirtiendo que el aumento podría suponer una carga para las pequeñas empresas y afectar la creación de empleo.
En resumen, la subida del SMI a 1.184 euros aparece como un avance considerable en pro de mejorar las condiciones laborales en España, aunque su vinculación con la tributación del IRPF ha abierto un debate político y social que podría llevar a futuras reformas legislativas. Será crucial para el Gobierno equilibrar la promesa de salarios dignos con un sistema fiscal que no castigue desproporcionadamente a los trabajadores con menores ingresos.
