El Gobierno español ha mostrado un enfoque inconsistente en su participación en las juntas de accionistas de las empresas en las que tiene intereses, como se observa en sus posturas diferentes hacia Enagás y Red Eléctrica. Mientras que en una de ellas aboga por una gestión empresarial alineada con los intereses públicos, en la otra permite prácticas que responden más a criterios de mercado. Esta disparidad ha generado críticas sobre la coherencia de las políticas gubernamentales y sus prioridades estratégicas en empresas donde el Estado mantiene influencia significativa, destacando la necesidad de un enfoque más uniforme y transparente.
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